Directivos del Colegio de Abogados denuncian caos institucional, dispendio y falta de transparencia en la actual gestión del Gremio

SANTO DOMINGO, RD- Miembros de la Junta Directiva del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, CARD, denunciaron que en el gremio impera un mayúsculo caos, debido al desorden institucional, la falta de transparencia y el despilfarro que caracteriza la gestión personalista del licenciado Miguel Surún Hernández.

En rueda de prensa celebrada en el local de CARD, los directivos, Dr. Jesús Colón Arache – Fiscal Nacional, Dr. Carlos Lorenzo- Secretario Nacional de Educación, Dr. Ramón Fermín Moya- Secretario Nacional de Asistencia Social, Dra. Gisela García-Secretario Nacional de Actas y Correspondencia y el Licenciado Gamaliel Pérez Gonzales- Secretario Nacional de Relaciones Públicas, afirman que la gestión del actual Presidente del Colegio  quedará recordada en la historia del gremio como la que más ha denigrado su misión, por innúmeras violaciones a sus norma, y falta de transparencia.

Consideran que es inaceptable que un Presidente que se jacte de ser el paladín y salvador de un gremio al que luego de haber denunciado al país que lo recibía quebrado y con una deuda de más de 80 millones de pesos, nunca sometió ni procuró sanciones contra aquellos desfalcadores de esos fondos públicos.

Tampoco convoca estatutariamente su Directiva, que es en quien descansa legalmente el poder y la toma de decisiones, a través de sus resoluciones como lo establece la Ley y los reglamentos que rigen su funcionabilidad, que por el contrario, suplantó a cada funcionario electo, negándole el derecho a ejercer las funciones y responsabilidades que una asamblea eleccionaria puso sobre sus hombros.

Denunciaron que no ha realizado el primer ejercicio de rendición de cuentas con el cual se le muestre a la clase jurídica y al país, cómo se gasta e invierte cada centavo que recibe esta entidad gremial.

Resaltaron la ausencia transparencia de su nómina, manejada de manera antojadiza, caprichosa y discriminada, determinando según las simpatías a quien le paga o no, extendiéndose esto a la Junta Directiva, de cuyos miembros, algunos a los que se les adeuda desde 8 hasta 19 meses de salario.

Lo acusan de destruir y de aniquilar la moribunda cooperativa del CARD, de eliminar el seguro médico, que adjudicó sin concurso, ni licitación alguna, la elaboración confección e impresión de las leyes, carpetas y reglamentos que le son entregados a los abogados de nuevo ingreso. Que no existe un mecanismo para fiscalizar los supuestos y abultados gastos de las actividades educativas.

Manifestaron que fueron electos, igual que Surún, para el periodo 2015-2017, y nunca han podido ejercer sus funciones como establecen los estatutos y la Ley que los regula, por la negativa de este, quien también es miembro de la junta directiva del referido gremio que agrupa a los profesionales de la Toga y el Birrete.

Señalan que siendo esta la era en que la sociedad exige transparencia, honestidad y frugalidad a quienes administran y manejan recursos públicos, y que todo funcionario que de una manera u otra tiene bajo su responsabilidad el uso de esos fondos públicos, está obligado a rendir cuentas, el gremio que los representa está llamado a predicar con el ejemplo, lo que no practica el actual presidente del Colegio de Abogados.

Consideran que el CARD es una institución que agrupa la clase, en la cual descansa la justicia jurídica y política de una nación, donde sus miembros, abogados, jueces, ministerios públicos, defensores públicos y abogados independientes, cada uno en sus roles, deben ser la garantía del respeto a las leyes que nos norman y nos rigen como sociedad.

Los directivos manifestaron que le notificaron a su presidente, el Licenciado Surún Hernández el acto de alguacil marcado con el número 1535/17, instrumentado por el ministerial Julio Sosa Valera, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, de fecha 30 de noviembre del año 2017, con el cual, de no obtemperar a sus reclamos, procederán a iniciar acciones legales en su contra.