Defienden Sistema de Pensiones: 74 organizaciones se oponen a su modificación ahora y afirman que el gobierno dispone de 98 mil millones de pesos.

República Dominicana, PeriodismoySociedad.net. Una Coalición de 74 organizaciones sociales incluyendo Centrales Sindicales manifiestan su rechazo la intención de modificar el Sistema de Pensiones con el interés de distribuir el 30 por ciento a los trabajadores con motivo de la pandemia COVID-19.

En un comunicado enviado a PeriodismoySociedad.net, las agrupaciones afirman que tan intención es para hacer cargar sobre las mayorías, el peso de la crisis económica y social que atraviesa el país, a costa de sus fondos de pensiones, dejando liberados de toda responsabilidad social a los grandes ganadores empresariales.

Expresan que el Estado dispone ahora de 98 mil millones de pesos entre los fondos permitidos por la Ley de Presupuesto General del Estado 2020, los fondos de Riesgos Laborales, los préstamos del Banco Central y el Banco Mundial, más el nuevo préstamo del FMI.

Además, el Banco Central ha anunciado la liberación de 100 mil millones de pesos y un posible préstamo de hasta 3,000 millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Esta es una inmensa cantidad de recursos, sin contemplar lo que se pudiera obtener evaluando y reasignando partidas del Presupuesto del Estado, así como apelando a las ganancias de las AFP y a entidades con gran poder económico y financiero como las ARS, los bancos, y los acreedores nacionales e internacionales.

Increíblemente al 28 de abril habían sido suspendidos 835,564 trabajadores y trabajadoras, con un subsidio de pobreza y de los cuales 114,942 no accederán al programa FASE. Más de 50,000 empresas han reportado dichas suspensiones.

A eso se suma la dramática condición de quienes han sido despedidos y los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras informales. Nada se dice de cómo atender esta situación calamitosa, más allá de unos subsidios por debajo de la línea de pobreza extrema, e impresiona la falta de medidas efectivas y ágiles en asistir a los trabajadores y a las empresas.

Específicamente en cuanto al Sistema Dominicano de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones, las AFP han absorbido más de 64 mil millones de pesos en ganancias y gastos propios (no de pensiones). Si sumamos las ARS, superan juntas los 120 mil millones de pesos.

Todo ese dinero ha ido a engordar una industria de la administración financiera, economía puramente parasitaria, mientras carecemos de un sistema que ofrezca pensiones y salud dignas, universales, de calidad y oportunas.

Se niegan pensiones de sobrevivencia y discapacidad, y se proyecta la peor tasa de reemplazo de América Latina. Vemos el nivel de precariedad de los Servicios de Salud y las condiciones en que deben desempeñarse sus trabajadores y trabajadoras.

HE AQUÍ EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO AL PAÍS

1. RECHAZAMOS QUE CON LOS FONDOS DE PENSIONES SE CARGUE EL COSTO DE LA CRISIS A LAS MAYORÍAS AFECTADAS Y DEMANDAMOS VERDADERAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En nombre de 74 plataformas, coaliciones y organizaciones sociales y civiles, así como Centrales Sindicales del país, MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO a que una vez más el ya injusto e insolidario Sistema Dominicano de Seguridad Social, y específicamente el Sistema de Pensiones, sea modificado legalmente PARA HACER CARGAR SOBRE LAS MAYORÍAS EL PESO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESA EL PAÍS, A COSTA DE SUS FONDOS DE PENSIONES, Y LOS GRANDES GANADORES EMPRESARIALES QUEDEN LIBERADOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Del mismo modo, APOYAMOS TODAS LAS MEDIDAS DE REAL PROTECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS Y LAS FAMILIAS, INCLUYENDO QUE EL SISTEMA DE PENSIONES APORTE UN BONO DE CONTINGENCIA CON FONDOS QUE RESULTEN DE UNA MODIFICACIÓN A LA COMISIÓN QUE COBRAN LAS AFP, PONIENDO AL SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO PARTE DE LO QUE ACTUALMENTE SON GANANCIAS EXORBITANTES, EN LUGAR DE LESIONAR LOS FONDOS DE LOS Y LAS COTIZANTES.

Reformar a la carrera, de manera improvisada y superficial el Sistema de Seguridad Social y específicamente el Sistema de Pensiones, con una medida como la llamada “devolución de parte de los fondos de pensiones”, no es ninguna respuesta real ante la ausencia de decisiones para proteger a nuestra ciudadanía, nuestra economía y a toda la sociedad, mientras vuelve a cargarse sobre los más afectados el costo de la subsistencia y la crisis, a la vez que posterga la imperiosa necesidad de una reforma sustantiva, estructural e integral al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La demanda por la devolución de un porcentaje de los fondos de pensiones ha surgido de la ciudadanía, a través de las redes sociales, no de la clase política. Nace de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, familias, empresarios y empresarias, quienes han generado los más de 570 mil millones de pesos que están acumulados en las cuentas individuales de los fondos de pensiones en manos de las AFP (más todo el dinero generado para financiar el Seguro Familiar de Salud en manos de las ARS).

Esa mayoría social se encuentra afectada por el temor y la inseguridad de la pandemia de Gobierno, el Congreso Nacional, los partidos mayoritarios, las instituciones, las cúpulas empresariales y unas reglas de mercado que protegen intereses particulares por encima del bien de la sociedad.

En general lo que hemos tenido son respuestas creadas a la carrera, sin planificación ni carácter integral, parches, decisiones burocráticas e insuficientes para proteger a la población y el tejido económico-social-laboral afectado.

Parte de los montos usados, de hecho, han salido de los fondos de Riesgos Laborales (con los cuales se está pagando los servicios que se supone están cubriendo las ARS) y ahora se pretende recortar y mutilar en un 20 o 30% los fondos de pensiones acumulados con el sudor y el sacrificio de la gente, presentándolo como una “ayuda”.

La lógica que está presente es la de seguir dando paliativos asistencialistas, no tocar las reglas de cómo se usa el Presupuesto del Estado ni molestar a los poderes económicos ni las cúpulas empresariales. Es la lógica de que cada ciudadano y ciudadana sea responsable por sí solo de salvar su vida, su hogar y su seguridad, y todo siga normal en la descomunal desigualdad, el despojo y la concentración de la riqueza que cada día aumenta fruto del trabajo de todos y de todas. La campaña electoral en curso, además, se presta a actitudes “simpáticas” y no buscarse enemigos “poderosos”.

Ese paradigma neoliberal y esa forma de hacer políticas públicas es todo lo contrario a los principios de solidaridad, justicia social y bienestar general que deben regir la respuesta a una crisis nacional y que están establecidos en nuestra Constitución.

Es además contrario a lo que se espera de los servidores públicos que tienen el mandato de representar al pueblo y cuentan con los recursos para generar soluciones adecuadas, eficientes, eficaces e integrales.

2. UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y SALUD QUE DEBEN SER TRANSFORMADOS Y RESCATADOS

Por años, y específicamente desde 2016 a 2020, centrales sindicales, organizaciones sociales y civiles, expertos y expertas hemos propuesto, fundamentado y empujado cambios a este Sistema de debería ser de Seguridad Social pero no lo es, incluyendo el Sistema de Pensiones. Hacerlo HUMANO, JUSTO Y SOLIDARIO tanto en materia de pensiones como de salud.

La última lucha fue en febrero 2020 cuando, a contrapelo de todos los debates, se sometió un proyecto para no cambiar nada en favor de la gente y solo aumentarle los ingresos y ganancias a las AFP.

Ante ese escenario, de manera asombrosa, una parte importante de los diputados y diputadas se ausentó y, de la parte que estuvo presente, el 99% votó a favor de estos cambios en detrimento del bien común.

El Estado dispone ahora de 98 mil millones de pesos entre los fondos permitidos por la Ley de Presupuesto General del Estado 2020, los fondos de Riesgos Laborales, los préstamos del Banco Central y el Banco Mundial, más el nuevo préstamo del FMI.

Además, el Banco Central ha anunciado la liberación de 100 mil millones de pesos y un posible préstamo de hasta 3000 millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta es una inmensa cantidad de recursos, sin contemplar lo que se pudiera obtener evaluando y reasignando partidas del Presupuesto del Estado, así como apelando a las ganancias de las AFP y a entidades con gran poder económico y financiero como las ARS, los bancos, y los acreedores nacionales e internacionales.

Increíblemente al 28 de abril habían sido suspendidos 835,564 trabajadores y trabajadoras, con un subsidio de pobreza y de los cuales 114,942 no accederán al programa FASE. Más de 50,000 empresas han reportado dichas suspensiones.

A eso se suma la dramática condición de quienes han sido despedidos y los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras informales. Nada se dice de cómo atender esta situación calamitosa, más allá de unos subsidios por debajo de la línea de pobreza extrema, e impresiona la falta de medidas efectivas y ágiles en asistir a los trabajadores y a las empresas.

Específicamente en cuanto al Sistema Dominicano de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones, las AFP han absorbido más de 64 mil millones de pesos en ganancias y gastos propios (no de pensiones). Si sumamos las ARS, superan juntas los 120 mil millones de pesos.

Todo ese dinero ha ido a engordar una industria de la administración financiera, economía puramente parasitaria, mientras carecemos de un sistema que ofrezca pensiones y salud dignas, universales, de calidad y oportunas.

Se niegan pensiones de sobrevivencia y discapacidad, y se proyecta la peor tasa de reemplazo de América Latina. Vemos el nivel de precariedad de los Servicios de Salud y las condiciones en que deben desempeñarse sus trabajadores y trabajadoras.

Ha sufrido un presupuesto empobrecido año tras año; el retiro del Estado de sus responsabilidades; una inversión centrada en grandes obras; el desinterés en constituir

un verdadero Primer Nivel, así como el insuficiente e inadecuado equipamiento del segundo, tercer y cuarto nivel; además de la privatización galopante de los recursos y los servicios. Esto alcanza niveles dramáticos en el déficit de camas, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores.

3. SE DEBEN TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS Y JUSTAS

Seguir decidiendo y legislando para que la gente, la clase trabajadora, las capas populares y capas medias, junto a las micro, pequeñas y medianas empresas sigan siendo la parte sacrificada, la parte que se tiene que hacer cargo de las crisis, es más de lo mismo. Es injusto, contrario al bien común y es ineficiente económicamente.

Hacemos un firme llamado a que se legisle y actúe en virtud de nuestra Constitución, de las leyes, los convenios y recomendaciones de la OIT, y toda la normativa que obliga a la República Dominicana en relación con los derechos y la protección social en su sentido más avanzado.

La situación amerita de manera urgente, valiente y velando por el bien general de todos los dominicanos y dominicanas, que la clase política dominicana organizada en los partidos políticos, y encargada de administrar los Poderes del Estado y las instituciones, gobierne, legisle y fiscalice en beneficio de la sociedad, más allá de diferencias partidarias, agendas particulares y metas electorales.

RECLAMAMOS QUE NO SE TOQUEN LOS FONDOS DE PENSIONES NI SE CARGUE CON MÁS IMPUESTOS A LAS MAYORÍAS SOCIALES; QUE NO VUELVAN A IMPONERLE PAGAR LA CRISIS MIENTRAS LOS GRANDES GANADORES DE ESTE SISTEMA SE LIBERAN DE TODA RESPONSABILIDAD.

RECLAMAMOS QUE LAS RESPUESTAS, MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS SE HAGAN DE MANERA JUSTA, EQUITATIVA Y SOLIDARIA, ATENDIENDO A LA EPIDEMIA Y LA INSEGURIDAD VITAL EN QUE SE ENCUENTRA NUESTRO PUEBLO.

RECLAMAMOS MEDIDAS PARA REALMENTE PROTEGER ECONÓMICA Y SOCIALMENTE A LOS MILLONES DE DOMINICANOS Y DOMINICANAS QUE LO NECESITAN.

4. PROPUESTAS CONCRETAS:
5. Prolongación, ampliación y fortalecimiento de los programas FASE y Quédate en Casa con los recursos disponibles para el Estado y otros que se identifiquen, con enfoque en la preservación de los empleos, de los salarios, de las empresas (especialmente las MIPYMES), así como un subsidio para la existencia digna de los hogares desprovistos de ingresos, por encima de los montos que se han contemplado, evidentemente por debajo de la línea de pobreza extrema.
6. Modificar de manera urgente el esquema de comisiones para que a partir de mayo sea una única comisión equivalente al 0.5% del salario mensual cotizable. Con el excedente de ganancias de las AFP -por la diferencia entre la comisión actual y la nueva que se creará- generar y capitalizar un fondo para asistir a las personas que han cotizado y requieren un auxilio inmediato por el Sistema de Seguridad Social. En este bono de contingencia mensual se considerará a todas las personas que han sido cotizantes y carecen actualmente de un ingreso fijo o subsidio estatal, especialmente trabajadores, profesionales independientes y cuentapropistas.
7. Entregar las pensiones de sobrevivencia que no han sido reclamadas y sus fondos están en manos de las AFP, y fiscalizar la forma en que las Administradoras están rechazando de manera abrumadora las solicitudes de pensiones por discapacidad y sobrevivencia para que las mismas sean entregadas a quienes tienen el derecho a recibirlas.
8. Exonerar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la clase trabajadora de las cotizaciones a AFP y ARS mediante la Tesorería de la Seguridad Social, manteniendo en todo caso TODAS las coberturas establecidas por ley, incluyendo los derechos de protección a la maternidad y el 100% de la cobertura ante casos de COVID-19 para todos los afiliados, incluso si han sido despedidos o suspendidos producto del estado de emergencia.
9. Exonerar al Estado del pago de la deuda pública con las AFP y reorientar dichos recursos públicos a necesidades económicas y sociales del país mientras dure lacrisis.
10. Hacer efectivo cuanto antes el Bono de Reconocimiento pendiente, fruto de la Ley No. 87-01 artículo 43 para las personas que ingresaron al sistema amparadas en las Leyes No. 1896 y 379. Asimismo, hacer efectivo el pago de las pensiones pendientes a quienes tienen el reconocido derecho, como los trabajadores cañeros.
11. Disponer de las facilidades y cantidades para que toda la población que lo necesite pueda acceder a los servicios de PROMESE-CAL, con o sin Seguro Familiar de Salud, para encontrar allí los productos de salud que necesite a precio popular.
12. Aumentar los montos contemplados, su duración y terminar con las limitaciones indebidas en la cobertura del Seguro Familiar de Salud en el acceso a medicamentos vitales y de primera necesidad. Eliminar el pago de medicamentos vitales y de primera necesidad para personas en la tercera edad.
13. Reajustar de inmediato el Presupuesto al Sistema de Salud para proveer de equipamiento, insumos y condiciones laborales y salariales más dignas a quienes están laborando en el frente de la pandemia, incluyendo un bono de reconocimiento.
14. Establecer la Protección al Desempleo contemplada en la Ley 87-01 con coberturas dignas tanto en situaciones temporales como en pérdida permanente del empleo y el salario, sin que ello implique la pérdida de las conquistas adquiridas por la clase trabajadora.
15. Dar paso a una reforma SUSTANTIVA, ESTRUCTURALE INTEGRAL del actual Sistema de Seguridad Social para crear un auténtico sistema público, solidario, universal para todos y todas, sin fines de lucro ni administración privada, en materia de pensiones, salud, seguridad laboral y desempleo.
16. Establecer con estas y otras, un paquete de medidas integrales, coherentes y coordinadas para la protección y recuperación de la salud, la economía y el bienestar de la sociedad ante el estado de emergencia y posterior a su finalización.

Entre ellas señalamos:

1. Préstamos rápidos, a baja tasa de interés y largo plazo, a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas y profesionales independientes a través de Banca Solidaria, el sistema del Banco de Reservas, cooperativas y asociaciones de ahorro y préstamos, condicionados a la reactivación de los puestos de trabajo.
2. Prohibición de más suspensiones y despidos a causa del estado de emergencia.
3. Créditos de consumo a los hogares por parte de la banca comercial y asociaciones de ahorro y préstamo, con pagos en cuotas y sin interés para los rubros de Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Alquileres, alojamiento, agua, electricidad, gas; Comunicaciones.
4. Subsidio al transporte público (estatal y no estatal).
5. Reasignación de todo ítem no esencial en el Presupuesto General del Estado al financiamiento de las medidas de crisis sanitaria, económica y social.
6. Descuento del 10% del salario a los sueldos desde 200 mil pesos en adelante en los 384 organismos del Estado, a los fines de reasignarlos a los auxilios económicos y sociales.
7. Renegociar con los bancos nacionales y acreedores internacionales nuevas condiciones para el pago del endeudamiento cuyos pagos venzan a corto plazo o que haya sido tomado para afrontar el estado de emergencia.