Superintendencia de Bancos y Ministerio Público firman acuerdo interinstitucional
Crea, organismo judicial perseguirá a quienes cometan delitos financieros
En rueda de prensa. El convenio fue firmado ayer por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción; el procurador, Jean Alain Rodríguez, y la fiscal de Distrito, Yeni Brenice Reynoso.
Santo domingo La Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio Público suscribieron ayer un acuerdo interinstitucional mediante el cual crean la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, para perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de intermediación financiera de manera ilegal.
El organismo de investigación funcionará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional y tendrá como funciones investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria del sistema financiero regulado.
Es una forma de implementar nuevos mecanismos para enfrentar la criminalidad financiera y el delito financiero con la utilización de métodos más sofisticados que los implementados por quienes violan las leyes, según lo expresó el procurador, Jean Alain Rodríguez,
Dijo que esa unidad dará respuesta contundente en el combate con la persecución procurando condenas, a todos aquellos que violen las leyes financieras.
Expresó que habrá un personal capacitado en la unidad de persecución, ya que se va a desarrollar un grupo de capacitación y habrá un personal técnico que brindará un servicio a nivel nacional.
Prometió que fruto del acuerdo habrá una coordinación entre el Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional para dar seguimiento a todos los casos que se presenten.
La Unidad también tendrá la facultad de perseguir y procesar penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuenta, con el fin de obstaculizar la fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos.
El convenio fue firmado por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción; el procurador, Jean Alain Rodríguez, y la Fiscal de Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa efectuada en la sede de la SIB.
“Es un acuerdo de cooperación para fortalecer la persecución de los delitos financieros. Ha llegado el momento de dar un paso hacia delante, al igual que la criminalidad avanza, pues también el Ministerio Público y las autoridades gubernamentales, con el apoyo del sector privado, también tienen que dar ese paso y andarle adelante a la criminalidad”, precisó Alain Rodríguez.
Mientras el superintendente de Bancos, Asunción, explicó que los que violan las leyes financieras son empresas, que no están contempladas en la ley y por eso no son reguladas: “La Superintendencia sólo regula las que están contempladas en la Ley Monetaria y Financiera 183-02, en la cual no están contempladas las financieras y empresas de ese tipo”, dijo Asunción.
OTRAS FACULTADES DE LA NUEVA UNIDAD
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros también tiene la facultad de perseguir y procesar penalmente a los funcionarios y personal de la administración monetaria y financiera y los funcionarios, empleados, accionistas, directores, administradores y funcionarios de la intermediación financiera reguladas. También procesará a cualquier persona física o jurídica que conscientemente difunda falsos rumores u organice campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario. Mediante el acuerdo la “Superintendencia de Bancos se compromete a cooperar con todo el apoyo que requiera para operar, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, para pLa unidad será dirigida conforme a las políticas y parámetros de investigación, persecución e introducción al sistema penal que trace el Ministerio Público, conjuntamente con las que sean aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público. “Las partes se comprometen a observar de manera estricta y rigurosa, la confidencialidad en el manejo y uso de las informaciones que se deriven del acuerdo”, precisa el convenio.roteger a la ciudadanía de la intermediación financiera ilegal”.