Solicitan medidas coercitivas contra Ingrid Jorge ( La Torita) y Ángel Martínez por difamación digital contra ministra Faride Raful
También ha solicitado formalmente una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) por concepto de daños y perjuicios contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez.
SANTO DOMINGO, (El Nuevo Diario).- La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) depositó hoy ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, tres instancias de solicitud de medidas coercitivas contra los comunicadores Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “Detective Ángel” y la influencer Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por la presunta comisión de delitos de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful e Iván Feliz Vargas, procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con las instancias ambos imputados habrían difundido acusaciones falsas y gravemente injuriosas contra los funcionarios, por lo que el Ministerio Público solicita que se le imponga presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica.
Los imputados utilizaron plataformas digitales como YouTube, Instagram y X para cometer las conductas tipificadas en los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan penalmente la difamación e injuria cometidas por medios electrónicos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se querelló de manera formal contra la comunicadora Ingrid Jorge y el abogado y también comunicador Ángel Martínez por supuesta difamación e injuria.
La acción legal fue interpuesta ante la Procuraduría General de la República por el abogado de Raful, el reputado jurista Miguel Valerio.
La misma establece que es por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y 367 del Código Penal Dominicano.
La misma establece que es por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y 367 del Código Penal Dominicano.
De acuerdo a la acusación, tanto Jorge como Martínez realizaron declaraciones en sus respectivos medios de comunicación donde presuntamente mencionaron el nombre de la actual funcionaria en actos que afectan su dignidad.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha solicitado formalmente una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) por concepto de daños y perjuicios contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, tras alegadas declaraciones difamatorias e injuriosas que, según afirma, atentan contra su integridad moral y la de su familia.
La petición fue hecha a través de una formal querella presentada ante la Procuraduría General de la República, solicitando sea acogida como buena y válida la constitución en actor civil de la señora Raful Jorge Pérez, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal dominicano.
En el documento legal también se dispone la ejecución de todas las diligencias necesarias para culminar con la investigación de los hechos, de acuerdo por lo estipulado en los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal.
Asimismo, se reserva el derecho de la ministra Raful de aportar nuevas evidencias y adicionar cargos contra la imputada durante la fase preparatoria del proceso.
La acción legan también incluye al supuesto detective Ángel Martínez, por los mismo hechos de difamación e injurias.
En ese sentido, abogado de la ministra, Miguel Valerio, calificó de “falsas, difamatorias e hirientes” las afirmaciones hechas por el autodenominado detective Ángel Martínez, quien también fue querellado junto a Ingrid Jorge.
Valerio señaló que, si bien Martínez ha emitido un pedido de perdón público, no ha reconocido la falsedad de las informaciones difundidas, las cuales afectaron profundamente a la familia Raful, incluyendo a un hijo menor de edad.
“Esto no se trata de un simple perdón. Aquí hay implicaciones graves que afectan la vida privada y la imagen pública de la ministra y su entorno familiar”, subrayó el jurista.
En cuanto a Ingrid Jorge, el abogado indicó que la comunicadora continúa sosteniendo versiones sin sustento y adelantó que en los próximos días estarán requiriéndole presentar las pruebas de sus afirmaciones públicas.
Las acciones judiciales son presentadas por Faride Raful tras declaraciones realizadas por Jorge y Martínez a través de plataformas digitales y medios de comunicación, en las que alegan tener acceso a materiales comprometedores que vincularían a la ministra y a la exministra Milagros Germán en situaciones íntimas no verificadas.
Raful sostiene que dichas afirmaciones no solo carecen de fundamento, sino que constituyen un ataque directo a su dignidad, a la institucionalidad que representa y a su entorno personal