PRM: Gobiernos del PLD han estancado las políticas medioambientales previstas en la Ley 64-00
Santo Domingo, RD. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirma que la política ambiental de nuestro país se ha estancado, después que recibiera un gran impulso con la promulgación de Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), y con la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En un documento firmado por el doctor Cecilio Díaz Carela, Secretario Nacional del Medio Ambiente del PRM, con motivo de conmemorarse este 5 de junio el 46 aniversario de la Declaración del día Mundial del Medio Ambiente, dicha organización manifiesta que la razón fundamental de este estancamiento se debe a que en los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no se ha entendido que los objetivos y fundamentos de esta ley General y sus leyes complementarias, constituyen el instrumento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país.
Afirma que, por el contrario, los gobiernos del PLD, incluyendo el actual, han preferido la discreción, la inacción y la falta de transparencia, y la indulgencia para la prestación de buenos servicios, en la toma de decisiones para la planificación y puesta en ejecución de políticas ambientales eficaces basadas en los principios rectores que inspiraron la Ley General.
“En tal sentido el artículo 28 manda a que en la planificación del desarrollo de nuestro país se incorpore la dimensión ambiental, a través de un proceso dinámico y participativo en el que se agrupen todas las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, incluyendo los Ayuntamientos, de este modo, cada una de estas instituciones deberían incluir las partidas presupuestarias que demanden los problemas ambientales a que se enfrentan, a nivel local, regional y nacional”, expresa.
Según el PRM, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido incapaz de convertirse en el motor que impulse la dinámica, ni tampoco ha promovido la promulgación de las leyes y reglamentos complementarios que coadyuven a fortalecer la aplicación de la Ley General, para que esta pueda garantizar el manejo sostenible y uso racional de recursos vitales como el agua dulce; tan necesaria para la vida diaria de nuestra población, así como para la operatividad de sectores tan importantes de nuestra economía como el sector industrial, el agropecuario y el turístico.
Agrega que la política hídrica del gobierno no ha generado expectativas en la población, ni aún con la creación de la «Mesa del Agua», la cual, a pesar de tener casi dos años de creada, todavía subyacen problemas fundamentales en cuanto a la desigualdad en el servicio de agua potable y saneamiento que recibe la población dominicana.
Enfatiza que a estas alturas el 50% de la población de escasos recursos no está conectada a los sistemas de suministro de agua potable y sólo el 10% recibe abastecimiento continuo del líquido. Igual tratamiento para el saneamiento, sólo el 20% de las viviendas de familias de escasos recursos, está conectada al sistema de alcantarillado y de las familias que son consideradas como no pobres sólo 50% conectadas a estos servicios.
“Estos porcentajes demuestran que de los casi once millones de dominicanos que deberían recibir los servicios de agua potable y alcantarillado más de la mitad carece de los mismos y la otra mitad no los recibe, adecuadamente, por lo cual esto debería merecer una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado, por la repercusión que esto tiene en la propagación de enfermedades y en la salud, especialmente en la población infantil, recalca.
Manifiesta que un sector como el del agua, que mueve tantos recursos económicos de forma desordenada y poco controlada, debiera estar ordenado a través de una ley que reduzca al mínimo los conflictos” interinstitucionales y permita que parte de esos recursos económicos se destinen para cubrir los costos de rehabilitación y protección de las Cuencas Hidrográficas, y sirvan además para la construcción de los embalses que van a garantizar, en el futuro próximo, el suministro que requiere la población para sufragar sus necesidades; así como también corregir el alto porcentaje (54%) que se pierde en la redes de distribución y en el mal uso, por la falta de programas de prevención y educación ciudadana.
Otro aspecto que habría que señalar es la falta de reglas claras para el manejo sostenible de nuestros recursos forestales, por parte del gobierno del PLD, de modo que se les permita a las empresas forestales funcionar sobre la base del aprovechamiento racional de los beneficios que ofrece el bosque, a través de los planes de manejo y el emprendimiento de nuevas plantaciones. Este sector podría participar, junto al gobierno, en la rehabilitación y protección de nuestras Cuencas Hidrográficas, fundamentando su accionar en la Ley de Incentivo y Protección Forestal, que lleva años en el Congreso Nacional, y que, probablemente, por la falta de mediación e interés del gobierno no se ha conseguido su aprobación. La ley de incentivo forestal es prioritaria, tomando en cuenta que en estos últimos quince años, como consecuencia de la deforestación y la falta de reglas claras que formalicen la actividad forestal hemos perdidos, en áreas sensibles, unas 230 mil hectáreas de cobertura vegetal, que equivalen casi a un 5.0% de nuestro territorio y sólo hemos recuperado en ese mismo período alrededor de 40 mil hectáreas, que es una cantidad insignificante en torno a la que deberíamos haber recuperado si el gobierno le hubiera dado la importancia que amerita este recurso.
Por otro lado, sino contamos con un «Plan de Integración» para la administración y protección de los suelos dominicanos, los progresos de los que nos habla el gobierno no se alcanzarán. Este plan, que debiera tener como prioridad la coordinación efectiva de los proyectos de riego y drenaje para aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua, así como para conocer de la vocación, capacidad y vulnerabilidad de cada pulgada de nuestro territorio; tampoco ha recibido la atención del gobierno, en cuanto a disponer de los recursos financieros para la ejecución del mismo, ni se cuenta con la de la ley de Ordenamiento Territorial, por falta de voluntad política y la mediación del Gobierno en lo que respecta al problema territorial.
Otro gran problema ambiental del país se relaciona con el manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) y al que el gobierno, recientemente, ha enfrentado con el programa “Dominicana Limpia” y del que esperamos que no sea un «clichés» más de los que utiliza el PLD para manipular la opinión pública, cuando trata de desviar la atención de sobre un problema de gran envergadura como lo es el de la basura. A pesar de la creación de “Dominicana Limpia” no se están dando los pasos necesarios para la construcción de las obras de infraestructuras que se requieren para el manejo y disposición de las casi 9 mil toneladas diarias de RSU que se producen a nivel nacional. El gobierno sabe, como lo sabe la población que el sector de los residuos sólidos tiene interés sanitario, pero también interés económico y que existen instituciones internacionales que están dispuestas a ayudarnos económica y técnicamente, pero al igual que en los problemas ambientales que ya hemos mencionado, la mediación gubernamental se coloca por encima de los intereses nacionales y descarga su responsabilidad en la responsabilidad en los gobiernos municipales, sin entregarles las partidas presupuestarias que les corresponde, por ley (10%), dando largas a un problema que no se debe postergar.
Finalmente nos referiremos a los 9 mil y tantos kilómetros cuadrados de áreas protegidas terrestres, exceptuando las áreas marinas, que establece la ley 202-04, entre parques nacionales, reservas científicas y refugios de vida silvestre, entre otros. Estas áreas requieren, mayor atención y vigilancia, así como los programas de educación e incentivos para los habitantes de las zonas de amortiguación. También es importante que el gobierno entienda que las áreas protegidas que se declararon fuera de ley 202-04 no deben quedar abandonadas y sin planes de manejo, como ocurre ahora con la gran mayoría de ellas. Las áreas se declaran, no sólo por el espacio geográfico, sino por la riqueza de especies y las características únicas que representa su biodiversidad. Sin embargo el proyecto de ley de biodiversidad, que ha visto agotar varias legislaturas, aún espera por su aprobación para que el país pueda contar con un instrumento legal que proteja nuestro capital natural.
En definitiva, el gobierno podrá exhibir fortaleza en otros sectores de la vida nacional, pero en lo que respecta al sector del Medio Ambiente y los Recursos naturales, su gobernabilidad no se ha dejado sentir en la medida en que las circunstancias nacionales lo demandan, lo cual contradice las declaraciones del propio presidente de la República, cuando asistió a la Cumbre de París donde dijo, y cito: “Para el país que represento (…), las consecuencias del cambio climático no constituyen un ejercicio intelectual, sino un desafío para nuestra supervivencia, que nos amenaza diariamente”. Estas palabras deberían representar, no un simple discurso en un cónclave internacional, sino un compromiso del gobierno para asumir los problemas ambientales como una línea política de primera magnitud, basada en el principio de: “Pensemos globalmente y resolvamos localmente”.