Casos de corrupción en INAIPI quiebra la confianza personal y política del presidente Medina en sus involucrados

Piden someter a la justicia funcionarios ligados a sobrevaluaciones mientras la procuraduría espera expedientes.

Aquí  tambien un video con todo lo que tiene que saber: La denuncia de Pablo, las repuestas de Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas y los comentarios de Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana:

Santo Domingo, RD. Gracias a la actuación en responsabilidad ciudadana de medios de comunicación y de actores sociales individuales, finalmente, el gobierno enfrenta casos graves de corrupción con las transacciones comerciales de algunas instituciones públicas que tienen roles importantes en la lucha por el combate del Coronavirus –Covi19, amparadas en las licencias legales dadas por el periodo de Cuarentena que ampraran las acciones gubernamentales.

Aunque solo ha sido en una institución poco conocida por la población, por su reducido papel ejercido en gestiones anteriores, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, tiene una alta responsabilidad y confianza depositada por al actual gobierno, para atender con mayor eficacia y eficiencia a una mayor población de la niñez de hogares vulnerables en el país.

Un video del programa #EstaNocheMariasela, que se transmite por Color Visión, en el cual, un suplidor del Estado, en este caso de provisiones alimenticias, detalla las manipulaciones de los concursos e intentos de tratativas corruptas para beneficiar a determinados suplidores vías el INAIPI.

El presidente Medina canceló a todos los funcionarios del Inaipi, en cuya dirección designó a Kenia Lora Abreu.

Lora Abreu era hasta su designación la directora general del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde Medina nombró a Greybby María Cuello Coste de Torres.

Las destituciones en Inaipi, de acuerdo al decreto 146-20, incluyen al subdirector general de gestión institucional, Juan López; a la directora administrativa y financiera, Ramona Hernández; al director de planificación y desarrollo, Alberto José Patxot, y a la encargada del departamento jurídico, Stefany Severino Cuello.

Medina también canceló a la responsable de acceso a la información pública de Inaipi, Clementina Pérez; así como al presidente y miembros del comité de compras y contrataciones de esa institución, cuyos nombres no figuran en el decreto.

El artículo cuatro del mandato presidencial destituye al director de operaciones de Inaipi, Ricardo José Guzmán Domínguez, mientras que en el artículo cinco es destituida la encargada del departamento de compras, Maira Martínez de la Rosa.

Contrario en otros casos de denuncias graves en las compras gubernamentales en este periodo, como sucedió con las compras de recursos médicos, en el cual, los funcionarios y los voceros gubernamentales salieron a defender los procedimientos hasta que el ministro Montalvo fijo la posición oficial del gobierno y la Comisión de Alto Nivel que preside, en el caso de INAIPI fueron destituidos 0cho funcionarios, siete de los cuales serían traducidos a la justicia.

Es evidente que, la cercanía personal, familiar y política de quien dirigía la institución afectada, este representa una burla a la confianza del presidente Danilo Medina en los funcionarios involucrados, lo que debe representar un caso muy difícil, al tomar las medidas.

Piden sometan a la justicia funcionarios INAIPI ligados a sobrevaluaciones

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana (PC) y los bloques de diputados de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Frente Amplio (FA) pidieron hoy al Ministerio Público someter a la justicia los funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) involucrados en la sobrevaluación de los kits de alimentos para los pobres en medio del estado de emergencia nacional.

Coincidieron en que el entramado de corrupción que ha reconocido el propio gobierno de Danilo Medina en Inaipi indigna a la sociedad porque un grupo de funcionarios está aprovechado la desgracia del coronavirus para beneficiarse personalmente.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, afirmó que ante algo tan bochornoso el Ministerio Público está obligado a actuar de inmediato.

“Frente a una denuncia tan grave, lo correcto es que las autoridades competentes y me refiero al Ministerio Público deben de formalizar una investigación a los fines de que se instrumenten los expedientes correspondientes”

Añadió que “es inaceptable que hechos como los denunciados se sigan dando, sobre todo en una coyuntura como la actual. Pero lo más penoso de todo esto es que esa es la consecuencia de los niveles de impunidad que se viven en el país, y eso solamente se da cuando los Órganos de Controles no funcionan que es lo que está pasando en este país! Fíjate que se tuvo que denunciar el hecho”

Mientras que Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, afirmó que ante el develamiento del entramado de corrupción en Inaipi, no basta con el presidente Medina desvincule los funcionarios de sus cargos.

“El entramado delictivo al interior de Inaipi ha quedado develado y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo aporta más elementos en la rueda de prensa ayer, obviamente un caso de esa naturaleza no es suficiente de la desvinculación de los funcionarios y de la supuesta denuncia de su directora, esperaría que un ministerio público con interesa estableciera responsabilidades en este caso”, consideró el dirigente cívico.

De su lado, el vocero del bloque de diputados reformista, Máximo Castro Silverio, pidió que todos los responsables en el escándalo sean llevados en el banquillo de los acusados.

Lamentó que funcionarios del gobierno se estén aprovechando de la desgracia de la población para sacar ventajas económicas.

“Lo más doloroso es que mientras no sabe qué hacer con esta desgracia del coronavirus haya funcionarios se estén aprovechando de la situación, eso es sencillamente inhumano, ganar a costa del sufrimiento de la gente pobre”, sostuvo.

Mientras Fidel Santana, del Frente Amplio, calificó de indolentes a los funcionarios del Inaipi que aprovechado sus posiciones hayan sobrevaluados los kits de alimentos para los más pobres y de esta forma llevarse los bolsillos.

“El sometimiento a la justicia de esta gente debe estar a cargo de la propia comisión de seguimiento del coronavirus y los diputados y senadores debemos propiciar un enjuiciamiento del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, quien también se ha mostrado indolente ante las situaciones que se dan”, opinó.

A continuación un video con todo lo que tiene que saber: La denuncia de Pablo, las repuestas de Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas y los comentarios de Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana: