El padrón abierto profundizaría debilidades de la democracia
Por ANDRÉS MATOS
El gobierno de turno podría decidir los resultados de las convenciones internas de las organizaciones políticas, si en la nueva Ley de Partidos se aprobara su celebración con el padrón abierto, como lo propone un sector muy influyente del Partido de la Liberación Dominicana.
Una decisión así, representaría un marcado retroceso en los esfuerzos por la anhelada y necesaria cualificación y diferenciación entre sí, de las organizaciones partidistas, lo que también profundizará la baja calidad de nuestra democracia.
Este criterio está sustentado en la realidad de la práctica política actual. Tenemos un sistema clientelar de partidos políticos, sin propuestas creíbles del establecimiento de una sociedad incluyente e institucionalizada. Carente, además, de garantías para una participación democrática de los distintos sectores de la sociedad a lo interno de nuestras organizaciones políticas.
En los últimos 20 años, los partidos se transformaron, de organizaciones plurales, en las cuales los valores éticos y morales y el reconocimiento a la calidad del trabajo político, normaban el discurrir de sus miembros, a organizaciones en las que el uso del dinero es la mejor condición, aunque su origen no sea moralmente aceptable. El fomento al crecimiento económico individual, con la corrupción que permite y estimula la administración del Estado, resguarda la dirigida debilidad institucional, asegurando la generalizada impunidad que afecta a nuestra sociedad.
A consecuencia de esta realidad, la mayoría de los partidos del sistema, son organizaciones parasitarias, que viven a expensas del presupuesto nacional, apetito que aprovecha quien esté en el gobierno para agenciarse sus apoyos en los quehaceres partidarios internos y frente a la sociedad.
La mayoría de los partidos no actúan en torno a la necesidad de mejorar las condiciones sociales y de seguridad del pueblo dominicano, sino por los intereses de quienes gobiernan, a fin de no afectar sus ingresos personales, políticos y sociales.
Lo más importante a tomar en cuenta para la decisión de aprobar o no un padrón abierto o cerrado en las elecciones internas de los partidos, es el carácter clientelar de los programas sociales del gobierno y la total libertad que tiene el Presidente de turno en controlar la decisión electoral de quienes reciben de forma discriminatoria esos falsos beneficios sociales del Estado.
Hablemos con números.
El gobierno tiene alrededor de dos millones de personas beneficiándose del clientelismo en las distintas áreas o instituciones del Estado. Esto, si tomamos en cuenta los 650 mil empleados públicos, en las cuales existen alrededor de 400 mil botellas y empleos de medio tiempo, sumados los más de un millón doscientos mil incluidos en los denominados “planes sociales del gobierno”. Asumo, además, que más de 400 mil se benefician de distintas maneras de la corrupción de distintas modalidades y facilidades para obtener los beneficios del gobierno con el menor esfuerzo, incluyendo los protegidos y beneficiarios, involucrados en el entramado de la delincuencia menor y como testaferros de funcionarios.
Veamos la historia de los resultados de elecciones internas de los partidos.
Según nuestra experiencia, un poco dilatada, la mayor cantidad de militantes participante en los certámenes internos de cada partido, nunca ha superado las 500 mil personas, con padrón cerrado.
Entonces, si comparamos estas realidades anteriores, concluiríamos que para un presidente y/o un partido gobernante, con la férrea influencia en la débil conciencia de los receptores beneficiarios de los citados Planes Sociales del gobierno, no es tarea difícil ordenar o lograr que 300 o 400 mil de esas personas obedezcan y complazcan los deseos del mandatario y/o su equipo gobernante, de ese que tiene y ejerce la decisión, de excluirle las facilidades de “modus vivendis en el diario vivir”, logrando que lo ayuden a escoger a quienes prefieran salgan electos en los partidos que decidan afectar, incluyendo de manera simultánea.
El actual gobierno no sería el primero en hacerlo, ni el que menos voluntad tendría para ello. Vale la pena una reflexión a este tema.