La democracia moderna se entiende como el sistema en que los ciudadanos elijen a sus representantes, al Presidente de la República y a los parlamentarios, entre otros, quienes deberían atenerse a los mandatos imperativos de sus electores según el programa de gobierno ofertado y votado en los comicios correspondientes. Pero, de hecho, en muchos países ocurre lo contrario imponiéndose la voluntad de una oligarquía que se construye bajo el manto protector de las instituciones democráticas interpretadas y manipuladas interesadamente.

Para algunos esto es una fatalidad infalible. Robert Michels (1876-1936) fue un sociólogo alemán quien publicó una obra titulada Los partidos políticos, en la cual desarrolla su tesis de la “ley de hierro de la oligarquía”.

Michels fue influenciado por el pensamiento científico social de Max Weber, quien desarrolló trabajos sobre la burocracia y de Vilfredo Pareto. Pareto (1848-1923) fue un sociólogo italiano que formuló la regla 80-20, o sea, el 20% de la población poseía en Italia el 80% de la propiedad. Pero es de nuestro interés su tesis sobre la acción social de los políticos la que usualmente no se ajusta a la lógica, y en buena parte, la acción personal está diseñada para dar a la conducta no racional una espuria presentación lógica. Un grupo al llegar al poder desarrolla una fuerte tendencia al conservadurismo y, según Pareto, se manifiestan como una de estas dos clases de gobernantes que grafica en “zorros” y “leones”. Los “zorros” son calculadores, pensadores y materialistas, mientras que los “leones” son conservadores, idealistas y burocráticos. Hay quien afirma que los ex presidentes norteamericanos Carter y Reagan se ajustan a esta dicotomía. Las oligarquías actúan en función de conservar el poder, aunque la historia muestra que no son permanentes y, por lo tanto, siempre habrá circulación de elites. Pero siempre de elites.

De su lado, Michels estudió organizaciones políticas como los sindicatos y las agrupaciones fascistas y nazistas de su época. En su precitado libro Los partidos políticos, formuló la “ley de hierro de la oligarquía”, donde señaló que “tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría”; la idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica. Resumiendo, sostiene sus tesis sobre la base de tres argumentos: primero, el crecimiento de las organizaciones conlleva a engordar una burocracia que se especializa y en la medida en que enfrentan temas cada vez más complejos, esta burocracia por su nivel de preparación se hace imprescindible, transformándose en una elite dentro del partido. Luego, se complementa las nociones de eficiencia con democracia interna, planteándose la necesidad de hacer más eficiente al partido, de forma rápida y contundente se impone un liderazgo fuerte lo que merma la democracia interna. Tercero y último, en la medida en que el partido se masifica, estas buscan un liderazgo enérgico en función de satisfacer su apatía o ignorancia. De aquí al culto a la personalidad, solamente hay un paso.

En nuestros días, el intelectual español Dalmacio Negro (“La ley de hierro de la oligarquía”. Ediciones Encuentro, Madrid, 2015) trae a colación el tema afirmando que “los gobiernos son siempre oligárquicos con independencia de las circunstancias, el talante y las intenciones de los escritores políticos y de los políticos”. Sobre la base que entendemos por régimen político el conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del poder, los regímenes son materialmente oligárquicos, aunque no lo sean expresamente las formas de gobierno. La forma de gobierno puede ser aparentemente democrática, pero el grupo o partido que accede al poder se conforma como una dirigencia reducida de la sociedad política. La estructura institucional del régimen político decreta que sea más cerrada o más abierta, de modo que haya más o menos personas que influyan en la población y que accedan con mayor o menor facilidad a los puestos públicos de decisión política. Plantea el profesor Negro que se trata de una regularidad de la clase política o, si se prefiere, de una ley de la naturaleza humana que es inmanente a todas las formas de gobierno, cuyo descubrimiento formal fue realizado por Robert Michels.

En la historia reciente se han dado dinámicas donde se han mineralizado formas autoritarias de gobierno sobre la base de regímenes políticos democráticos, que por la vía de la interpretación tendenciosa del ordenamiento legal o por el sendero de las reformas, van perdiendo su esencia quedando tan sólo el nombre de democracia como etiqueta rutilante en un botellón vacio.

La Organización de Estado Americanos ya con una visión preventiva, aprobó el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana, como un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En su artículo primero, apunta que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.”

Luego registra la idea de fortalecer la legitimidad de desempeño como una noción fundamental para la existencia de la democracia representativa en un país determinado. Para el documento interamericano se consolida la  legitimidad de desempeño cuando se cumple con los elementos esenciales de la democracia contenidos en los artículos tercero y cuarto de la Carta que señalan que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. En el artículo cuarto se establece que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”

Ya para el año 2001 muchos en el continente americano veían el peligro de los falsos mesías que enarbolando banderas patrioteras y apelando al hambre de justicia social de inmensos grupos, ganaban elecciones y emprendían cambios en el régimen político que le daban legalidad a derivas autoritarias que se presentarían más temprano que tarde. Estos cuadros se hermoseaban con triunfos electorales gracias a un populismo alimentado por cuantiosos recursos que ingresan al tesoro público gracias al momento de bonanza experimentado por un aumento cíclico de los precios de las materias primas, fuente principal de divisas de los países que sueñan con un camino de progreso, pero que sus poblaciones, por estar atrapados en las redes de variadas oligarquías políticas, no han tenido la visión de lograr un cambio de elites que promuevan caminos de progreso, como lo plantea la Carta Democrática Interamericana.

Las tesis de Pareto, Michels y del propio profesor Negro, no pueden ser validas eternamente. Tengamos la esperanza de torcer la tendencia de muchos países (ya se calculan en cincuenta dictaduras autoritarias en todo el mundo), los cuales se encuentran bajo el mando de oligarquías políticas extremista que ejercen con toda su fuerza -fuerza que se nutre con los recursos de la nación-, su poder autoritario y de esta forma consolidan la dictadura perfecta: la de barniz constitucional. Si, tengamos confianza en recuperar espacios y evitar que otros caigan.

Isidro Toro Pampols.·. es MSc en Management, asesor en cooperativismo en el IDECOOP. Reside en Santo Domingo.