Gobierno podría estar buscando una réplica de febrero, que genere vacío institucional

Por Danilo Cruz Pichardo danilocruzpichardo@gmail.com

El gobierno dominicano logró prolongar el estado de emergencia por 17 días más, mediante una apretada votación en la Cámara de Diputados, que, según algunos miembros de ese hemiciclo, requirió la compra de legisladores de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano.

Esa prolongación empieza hoy, 14 de junio, y concluye apenas faltando 4 días para el certamen presidencial y legislativo, a celebrarse el 5 de julio.

Ese estado de emergencia, como se sabe, involucra un toque de queda. No se conoce en la historia social dominicana, en los períodos de regímenes democráticos, llegar a la recta final de una campaña electoral con la imposición de un toque de queda, el cual cercena derechos ciudadanos tan elementales como la libertad de tránsito, entre otros.

No es propio de un gobierno democrático imponer un toque de queda bajo un proceso comicial, que involucra el cargo del propio gobernante de turno

Al toque de queda que iniciaba a las siete de la noche se le redujo una hora, empieza en lo adelante a las ocho y termina a las cinco de la mañana del día siguiente. La medida descansa en el infeliz pretexto de la prevención de aglomeraciones nocturnas, como si la gente sólo rompe con el distanciamiento en horas de la noche y de la madrugada, cuando precisamente en esas horas el flujo de personas se reduce considerablemente en las calles.

La experiencia dominicana señala que ha sido un imposible lograr el distanciamiento en los sectores de los barrios más empobrecidos, porque la gente vive aglomerada en muchas calles estrechas, callejones y patios, donde los repartos desorganizados y caóticos de alimentos gubernamentales estimulan tumultos e incidentes que exponen aún más al contagio del coronavirus.

Al propio Gonzalo Castillo se le ha visto distribuyendo agua de uso doméstico, mascarillas, guantes desechables, libras de gas propano, funditas de arroz y botellas de aceite de las pequeñas, en medio de peleas de vecinos que se disputan un mejor lugar para el humillante e inhumano reparto.

La aprobación del anterior período de emergencia fue objetada por los partidos de oposición, sobre todo por el PRM y aliados y por la FP y aliados, al considerarlo innecesario, pero el gobierno “persuadió” a algunos diputados y terminó imponiendo su propósito.

Se pensó que Danilo Medina no optaría nuevamente por el pedimento de poderes excepcionales, como en efecto lo establece el estado de emergencia, pero el partido gobernante está dando muestras de ser el autor intelectual de la réplica de una experiencia similar a la del 16 de febrero, donde las elecciones municipales tuvieron que ser suspendidas por la Junta Central Electoral, al detectarse graves irregularidades en las máquinas electrónicas que se habilitaron para el sufragio.

Esas elecciones se pospusieron para el 15 de marzo y se realizaron en un marco de transparencia, pero antes de ese torneo hubo protestas masivas y pacíficas en toda la geografía nacional, las cuales empezaron en la Plaza de la Bandera, en la que millares de jóvenes se apostaron durante varios días consecutivos, al tiempo que se escucharon cacerolazos que involucraron a los vecinos de los grandes residenciales, urbanizaciones de clase media y se extendieron a los barrios populosos del Gran Santo Domingo y de las provincias y municipios del país.

Ya para mediados de marzo hizo presencia el coronavirus en la República Dominicana. Una vez pasadas las elecciones del 15 de marzo los dominicanos dieron muestras de unidad frente a la pandemia. Y con la generosidad de los líderes de oposición al gobierno se le dio poderes extraordinarios, para el estado de emergencia, lo que aprovechó el partido oficial y su candidato presidencial para sacar provecho político a una tragedia, al hacer donaciones de asistencias estatales en nombre de Gonzalo Castillo.

El sociólogo Melvin Mañón asegura que Danilo Medina teme a la persecución judicial al salir del poder el 16 de agosto, razón que lo lleva a hacer todo lo humanamente posible por la imposición de Gonzalo Castillo, su delfín, en la contienda comicial del 5 de julio, aún sea a través de un fraude electoral.

Algunos analistas consideran que Gonzalo Castillo ha logrado descontar algunos puntos con respecto al candidato presidencial puntero del PRM, el licenciado Luis Abinader, llegando a ponderar la posibilidad de la necesidad de una segunda ronda electoral, en el hipotético caso de que ninguno alcalce el anhelado 50% más un voto.

Sin embargo, la mayoría de las firmas encuestadoras autorizadas por la Junta Central Electoral para publicar resultados de estudios de opinión, siguen otorgando a Luis Abinader porcentajes que superan el 50 por ciento, pero sin llegar al techo del 57 que alcanzó a raíz de la suspensión de las elecciones municipales de febrero y las protestas escenificadas por los jóvenes de la Plaza de la Bandera y los vecinos que estremecieron al país con sus cacerolazos en todos los segmentos sociales de la sociedad dominicana.

Esos cacerolazos vuelven a sonar, están sonando de nuevo, desde que el diputado Botello, el más beligerante de todos, el más opositor al gobierno,  fue “persuadido”  e hizo posible la aprobación de parte del Congreso Nacional de una inconcebible e injustificable extensión del período de estado de emergencia, en medio de la recta final de una campaña electoral, cuyos resultados son definitorios del porvenir inmediato y mediato de la República Dominicana, donde la falta de poderes independientes, empezando por la justicia, facilitan los más altos niveles de corrupción y de impunidad de los países de la región.

Es evidente que este nuevo período de estado de emergencia podría ser usado para maniobras parecidas a las de febrero 16, que obligaron a la cancelación de las elecciones municipales, pospuestas para el 15 marzo. Con la la llegada del nuevo coronavirus y su rápida propagación en la población la JCE se vio en la necesidad de postergar también las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 17 de mayo, llevadas entonces para el 5 de julio.

¿Qué pasaría si los comicios del 5 de julio son incidentados y no hay elecciones de nuevas autoridades antes del 16 de agosto?

Es evidente que hay ambiguedad constitucional, lo que podría generar un vacío de poder, pero el abogado Julio Cury, bajo subterfugios jurídicos usuales en la abogacía, dependiendo de lo que se defienda en el momento, asegura que una situación similar obliga a la continuidad de Danilo Medina, lo que podría llevar a colegir de que posiblemente en esa dirección haya una estrategia.