Por Raúl Mejía Santos

Los aprestos reeleccionistas de Danilo Medina, violentando la normativa constitucional vigente en República Dominicana, plantean un escenario político que obliga a los partidos y colectivos opositores a concentrar todos sus esfuerzos en contra de la maquinaria continuista. Ese escenario parece paradoja en un país que hace alarde de grandes avances logrados en la gestión de gobierno del PLD.

La realidad nos presenta un panorama diferente, escabroso, poco favorable para quienes aspiran a una democracia plena. En manos del partido de gobierno se coartan las libertades propias de un pueblo sacrificado y valiente, pero incapaz de distinguir el peligro que implica el manejo turbio del oficialismo en los asuntos de interés público.

Por tal razón, la sociedad civil está obligada a enfrentar las tratativas maliciosas del actual mandatario y la camarilla que le acompaña en el Palacio Nacional. Aquellos llamados a postular los mandatos de ley y orden cívico son prima facie quienes intentan vulnerar la constitución de forma antojadiza, denigrando su vigencia y relevancia histórica.

Gobiernan a la medida, propician los carteles criollos y apartan el buen ejercicio público en su gestión de gobierno. El desenfreno y poderío turbio del danilismo mantiene secuestrado al país.

Eso no es democracia, más bien se trata de un grupo ingenioso y simulador con la capacidad de doblegar voluntades utilizando todos los medios de coerción a su disposición, especialmente los recursos del erario. El poder corrompe, el Partido de la Liberación Dominicana hace rato sucumbió.

El mayor partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno, vislumbra transformar el país, institucionalizar el estado y entablar un orden jurídico nacional que garantice la independencia de los distintos poderes del estado, entre otras prioridades. Estas son materias que ameritan nuestra inquebrantable atención.

Por ende, las imposiciones de candidatos a la Asamblea Nacional son prácticas contrarias a la sana democracia a la que todos aspiramos.  La justa competencia entre aspirantes e incumbentes en el proceso de convención que se avecina marca la distinción entre lo que siempre se ha hecho y lo que debemos lograr. No podemos emular el viejo patrón de hacer vida pública, sino marcar un sendero inclusivo y pluralista en temas que atañen el ejercicio de funciones públicas.

Los partidos políticos son el catalítico  para lograr los cambios indispensables que ameritan los tiempos, contrario a las imposiciones y maniobras dictatoriales del partido de gobierno. La oposición está obligada a garantizar un mejor ambiente social y mejorar el deterioro impulsado actualmente desde el poder. No es un secreto que el desorden impera a nivel nacional.

Los votos en ultramar tienen el potencial de cristalizar cualquier proyecto político,  descuidar o marginar ese sector es un grave error con serias consecuencias. Nadie en su sano juicio puede negar la importancia de la diáspora dominicana, más considerando las valiosas aportaciones a la frágil economía nacional.

Integrarlos al proceso político de forma diáfana y transparente, muy en especial a lo interno de los partidos, escogiendo democráticamente quienes asumirán la tarea de representarles como diputado de ultramar, es lo correcto. Lo opuesto plantea grandes incertidumbres.

Que no quepa la menor duda, rechazamos con firme vehemencia la imposición de candidaturas en el exterior

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