Caso Cornell: una denuncia de violación grupal y casi dos años sin cargos
La Fiscalía reabre la investigación sobre hechos denunciados en 2024, mientras surgen preguntas sobre la información utilizada para descartar inicialmente una acusación penal.
La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación sobre una presunta violación grupal en la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell. La decisión se produjo después de que una exestudiante presentara una demanda civil en septiembre de 2026 por hechos ocurridos en octubre de 2024. El fiscal Matthew Van Houten anunció su intención de presentar el caso ante un gran jurado.
La denunciante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, acusa a siete miembros de la fraternidad de agredirla sexualmente. Según la demanda descrita por The Cornell Daily Sun, sostiene que fue presionada para consumir una sustancia presentada como ketamina y que no estaba en condiciones de consentir. La acción civil también incluye a Cornell y otras organizaciones y personas.
Por qué vuelve a investigarse
Van Houten defendió la decisión inicial de no presentar cargos, argumentando que la declaración firmada que recibió en 2024 no describía hechos suficientes para sostener una acusación penal. El abogado de la denunciante, Thomas Giuffra, rechazó esa interpretación y cuestionó el seguimiento que dieron las autoridades al caso.
Una transcripción de la entrevista policial, obtenida por CBS News y reseñada por Associated Press, añadió preguntas sobre esa decisión. Según esos reportes, la joven expresó ante los investigadores su certeza de haber sido violada. El fiscal dijo que no había visto la transcripción y que su evaluación se basó en una declaración redactada por un agente y firmada por ella.
La respuesta de la universidad
Cornell realizó una investigación interna que derivó en expulsiones, suspensiones y otras sanciones. La universidad rechazó las versiones que reducían su respuesta disciplinaria a medidas como la redacción de ensayos. La sede de Chi Phi permanece excluida del campus.
La institución aceptó además una revisión externa de su manejo de las denuncias, según informó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
Qué sigue en el caso
La Fiscalía buscará determinar si existen pruebas que permitan formular cargos penales. La demanda civil, las sanciones universitarias y la investigación penal corresponden a procesos distintos. La reapertura no equivale a una declaración de culpabilidad.
Abogados de algunos de los señalados han negado las acusaciones contra sus clientes. El caso continúa bajo investigación.