Inteligencia artificial y derechos fundamentales: jurista alerta sobre riesgos
Felipe Ramírez aboga por la supervisión humana, la protección de datos y la prevención de decisiones discriminatorias al utilizar IA.
SANTO DOMINGO.– El jurista y magíster en Derechos Humanos Felipe Ramírez advirtió que el uso de la inteligencia artificial plantea desafíos para los derechos fundamentales, especialmente la igualdad, la intimidad y la protección de los datos personales.
Durante la conferencia «Inteligencia artificial y derechos fundamentales: desafíos jurídicos contemporáneos», impartida en la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS), sostuvo que el avance tecnológico debe acompañarse de garantías que permitan conocer, comprender y cuestionar las decisiones apoyadas por estos sistemas.
La actividad formó parte de las conferencias anuales de la FCSyA de esa universidad. Ramírez explicó que la IA ya está presente en la vida cotidiana y que el reto consiste en preparar las leyes para sus efectos actuales y futuros.

Inteligencia artificial y derechos fundamentales: transparencia y revisión humana
El conferencista señaló que el uso de IA pone a prueba derechos protegidos por la Constitución, como la igualdad y la no discriminación, tanto en la administración de justicia como en otros ámbitos de decisión.
En ese contexto, sostuvo que los ciudadanos deben saber cuándo una decisión ha sido apoyada por inteligencia artificial, recibir una explicación comprensible y poder solicitar la revisión de una persona. A su juicio, no se trata de exigir conocimientos técnicos, sino de permitir que quienes resulten afectados conozcan las razones de una decisión y puedan cuestionarla.
«La tecnología debe ampliar las capacidades del Estado y de los profesionales, pero nunca sustituir la responsabilidad humana», afirmó.
Riesgos de discriminación y protección de datos personales
Ramírez citó la selección de personal y la aprobación de créditos como procesos en los que resulta necesario prevenir el uso de información sesgada en el entrenamiento de los sistemas, para evitar decisiones discriminatorias.
También planteó que cada caso debe evaluarse de manera individual, bajo supervisión humana, y que la responsabilidad final corresponde a quien utiliza la herramienta.
Para proteger la intimidad, recomendó evitar introducir datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial empleadas para elaborar o redactar documentos.
Decreto 787-26 y uso ético de la IA en República Dominicana
El jurista se refirió al Decreto 787-26 como un paso relevante para el uso responsable de esta tecnología e invitó a empresas privadas y universidades a tomarlo como referencia al elaborar sus propios manuales de ética.
La disposición, emitida el 2 de noviembre de 2026, aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Su ámbito comprende las instituciones públicas que diseñen, desarrollen, adquieran, contraten o utilicen sistemas de IA para prestar servicios, apoyar decisiones administrativas o ejercer funciones públicas.
Al concluir, Ramírez sostuvo que el progreso tecnológico debe medirse también por la fortaleza de los valores y la protección de los derechos de la ciudadanía.
