Califican de ilegal e impugnan resolución de aumento salarial del 20 por ciento en el sector privado

Por Santa Marte/ LD.

Santo Domingo. La resolución 05/2017, aprobada por el Comité Nacional de Salarios con la ausencia del sector patronal y que fija un aumento en las escalas en los distintos  salarios mínimos fue formalmente impugnada por los patronos.

En la impugnación depositada la tarde del pasado viernes por la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM), los empresarios alegan que la resolución adoptada por el Comité Nacional de Salarios fue ilegal, y generaría despidos masivos de empleados.

Calificaron la aprobación como una acción sin precedente el aumento de un 20% para el sector privado no sectorizado que fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno y representantes de los de trabajadores y lo calificaron de ilegal.

Según la resolución aprobada, el salario mínimo será de RD$15,447.60 para las empresas que reporten ganancias de más de cuatro millones de pesos, RD$10,620 para las que registren beneficios de dos a cuatro millones, y RD$9,411.60 a empresas que logren beneficios de dos millones de pesos.

Los vigilantes privados devengarán RD$ 13,032.00 y los trabajadores del campo tendrán un salario diario de RD$ 320.40 cuando entre en vigencia la Resolución No. 05/2017.

.Para los empleadores la clasificación que se utiliza en la actualidad para aplicar la escala salarial es absurda. Su última propuesta de aumento salarial fue de un 9%.

“Constituyó para nosotros una sorpresa, conocer que aún luego de haber informado nuestro retiro del Comité, y luego de haber abandonando el salón de sesiones, se presentaran dos propuestas de incremento de salarios, de las cuales una de ellas fue acogida. En este sentido, le expresamos nuestra alta preocupación ante las consecuencias negativas que implicaría un incremento de salarios de un 350% superior a los índices de precios al consumidor del periodo junio 2015 a febrero 2017, que por demás seria inflacionario, generador de despidos masivos y negativo para las micro y pequeñas empresas del país”, indica el documento depositado ante el Ministerio de Trabajo  y enviado a la prensa.

Rafael – Pepe- sin embargo,  presidente de la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), valora  la actitud de los empresarios como desacertada, al considerar que el aumento de un 14% que se aprobó en 2015 se realizó sin la aprobación de los trabajadores y no se impugnó.

Aunque entiende que la ley le asiste para la impugnación, considera que esa recurrencia ante el Ministerio de Trabajo es perder el tiempo.

Dijo que la única alternativa que tiene el Ministerio de Trabajo es ratificar la acción que se ha aprobado conjuntamente con el Comité Nacional de Salarios.

Recordó que en el año 2015 el Gobierno y los empresarios votaron contra los trabajadores por un aumento salarial de un 14 por ciento, imponiéndose ante el sindicato.

“Y nosotros como sindicato no impugnamos, ni nos alarmamos, ni dijimos que lo íbamos a desconocer ni nos inventamos hacer una protesta, porque siempre prensamos que aunque independientemente de que no estábamos conforme con el porcentaje, algunas partes se beneficiaban aunque sea tímidamente, para no perjudicarlo a ellos decidimos no hacer impugnación”, indicó.

En ese sentido, Pepe Abreu señaló que a los empresarios hoy les toca proceder del mismo modo, porque ellos que son el poder económico, una parte transcendente en la sociedad, actuar de esa manera podrían provocar seria intranquilidad ciudadana y una ruptura de la paz laboral.

“Proceder a querer alterar esto, por una actitud dirigida a desconocer un proceso legal como el que se ha hecho, es una postura errónea de los empresarios que conduce al sector patronal por un mal camino”, dijo.

Al referirse al despido masivo de empleados y al quiebre de pequeñas empresas que alegan los empresarios incurrirían si se aprueba la resolución, enfatizó que es un planteamiento erróneo al que siempre han acudido cuando de aumento salarial se trata.

Para los empleadores un aumento de esa proporción en una economía donde el 99.99% son micro, pequeñas y medianas empresas, van a tener un efecto negativo en el nivel de empleo, ya que entiende que muchas no van a poder cubrir un salario mínimo de esa naturaleza.

“Eso va a provocar que muchas pasen a la informalidad y que contraten empleados por fuera, o sea, es una situación de muchísima delicadeza frente a la micro y pequeñas empresas”, dicen

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