Contraloría inspecciona 337 inmuebles y autoriza 328 contratos de alquiler en 5 meses
Los contratos fiscalizados superan los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, según informó el órgano de control.
Santo Domingo.– La Contraloría General de la República (CGR) informó que inspeccionó 337 inmuebles vinculados con contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, de los cuales 328 recibieron autorizaciones de no objeción.
Las evaluaciones fueron realizadas entre marzo y agosto de 2026 como parte del proceso de fiscalización técnica de los alquileres estatales. Los contratos examinados representan un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, explicó que el Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones de no objeción. Por su parte, la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó otros 94 inmuebles y autorizó 92.
Según Espinosa, estas inspecciones incorporan criterios técnicos al uso de los recursos públicos destinados al alquiler de propiedades y forman parte del fortalecimiento de los controles en las instituciones públicas antes de que estas asuman o renueven compromisos contractuales.
“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, expresó el funcionario.
Agregó que las inspecciones permiten comprobar directamente si existe correspondencia entre las necesidades presentadas por una institución y las características del inmueble que se propone utilizar.
Contraloría recibió 351 solicitudes de inspección
Durante el período analizado, la Contraloría recibió 351 solicitudes: 337 ya habían sido evaluadas y otras 14 permanecían pendientes o programadas.
Las verificaciones incluyen la localización, las condiciones físicas y las características de los inmuebles que serán ocupados por organismos estatales. Entre las propiedades evaluadas predominan las oficinas, seguidas por almacenes y estacionamientos.
El reporte también incluye centros educativos privados alquilados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas. Una proporción importante de las solicitudes corresponde a renovaciones de contratos existentes.
Aunque las inspecciones tienen alcance nacional, los contratos con los montos más elevados se concentraron en el Gran Santo Domingo. También se registraron operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.
Ministerio de la Mujer encabeza las solicitudes
El Ministerio de la Mujer figura entre las instituciones con mayor cantidad de requerimientos, con 56 solicitudes de inspección relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas institucionales. Al cierre del período examinado, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones.
Espinosa sostuvo que esta labor de fiscalización procura que las decisiones administrativas estén respaldadas por verificaciones técnicas que contribuyan al uso racional de los fondos públicos.
“Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado”, puntualizó.
La inspección previa de los alquileres y arrendamientos estatales se realiza de manera obligatoria desde el 1 de marzo de 2026, conforme a la normativa establecida por la Contraloría. La medida busca fortalecer el control sobre estas contrataciones y aportar información técnica para la toma de decisiones de las instituciones públicas.