En Colombia: 91% de empresarios consideran se usa el soborno para obtener contratos y el 58 % creen que sin sobornos se pierden oportunidades de negocios
Colombia. – Un estudio del Externado señala que la corrupción le cobra al país 9 billones de pesos al año. “No parece haber evidencia de que las medidas para disminuir la corrupción hayan funcionado en casi ningún caso, y cuando han funcionado, ha sido en periodos muy largos (décadas) y como resultado de reformas del Estado muy profundas”.
Esta es una de las conclusiones a las que llegó un completo estudio de la Universidad Externado –que se desarrolló en los últimos dos años–, que muestra una extensa y desoladora radiografía sobre la corrupción en Colombia.
La investigación expone que, aunque el país ha adoptado fórmulas del Banco Mundial y de la Ocde para aumentar la transparencia, ha implementado leyes de acceso a la información pública (2014) y de reducción de trámites (2012), y el Estatuto Anticorrupción, “no hay prueba de que estos esfuerzos hayan dado un resultado”.
Un indicador de que al país no le está yendo bien es que, según el informe, “han transcurrido 20 años desde que Transparencia Internacional mide la percepción de corrupción y Colombia no ha cambiado significativamente”. En 1995 tenía una calificación de 34 sobre 100 (100 es la percepción de no corrupción), y en el 2016 obtuvo 37. El puesto que Colombia ocupa en el ranquin es el 90 entre 176 países, y el país está entre los 10 más corruptos de América Latina.
El desangre de la corrupción, según los investigadores, hace que el país pierda al año unos 9 billones de pesos (1,6 por ciento del PIB). Además, se encontró que entre el 2009 y el 2016 hubo 3.966 casos de corrupción registrados en el sistema penal.
Estas cifras y los casos que aparecen en las primeras planas, como Odebrecht, Reficar, Interbolsa, según el estudio, son la punta del iceberg frente a los miles de hechos que se quedan por fuera de la acción de los órganos de control.
La universidad plantea que cada vez es más difícil rastrear las huellas corruptas y los dineros ilegales, pues la globalización y la sofisticación de mercados “facilitan la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, a través de un sinnúmero de transacciones”.
Los tipos de corrupción más frecuentes son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. El soborno es tan grave que el documento expone que el 91 por ciento de los empresarios consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos, y los montos pueden alcanzar en promedio el 17,3 por ciento del valor del contrato. A esto se suma que el 58 por ciento de empresarios afirman que “si no se pagan sobornos, se pierden negocios”.
A esto se suma que el 58 por ciento de empresarios afirman que “si no se pagan sobornos, se pierden negocios
Los investigadores dedicaron un capítulo especial a la corrupción privada y cuestionan que se llegara a hablar de ‘corrupción blanca’ intentando justificar delitos con el argumento de que era mayor el beneficio que el daño potencial.
Pero ¿cuáles son las razones por las que no se está ganando la lucha contra los corruptos?
Uno de los puntos documentados por el Externado tiene que ver con la descentralización fiscal, pues “una de las amenazas más importantes de ese sistema es la corrupción”, recordando casos en Córdoba, La Guajira, Chocó, Bolívar, donde los mandatarios locales han resultado judicializados.
Si bien la descentralización sirve para no concentrar los recursos y darles autonomía a las regiones, son pocos los controles locales para verificar el buen uso del erario. Y la suma que les llega a los territorios no es menor: en el 2015, por ejemplo, alcaldías y departamentos recibieron recursos del Sistema General de Participaciones equivalentes al 4 por ciento del PIB. Y entre 2012 y 2015, el Sistema General de Regalías les giró 18 billones de pesos. Los entes territoriales, además, manejan ingresos tributarios del 3 por ciento del PIB.
Al cruzar cifras de contralorías territoriales, Contraloría General y Fiscalía, la investigación encontró que los resultados de departamentos con más casos de corrupción no coinciden, lo que muestra fallas de coordinación.
Un problema puntual es la politización de las contralorías territoriales, cuyas cabezas son elegidas por los concejos municipales. “Los organismos de control han sido capturados y su labor no protege a la ciudadanía, sino que favorece a los grupos de interés; es decir, la institucionalidad de las contralorías territoriales no es viable en el país”, asegura.
Según el Índice de Transparencia, 18 de 32 contralorías tienen riesgo alto o muy alto de presentar corrupción, 12 tienen riesgo medio y solo dos tienen riesgo moderado.
En términos de contratación pública, el informe documenta cómo sigue existiendo la colusión (contratistas que se unen para participar en las licitaciones) y posibles carteles que ponen en jaque ese mecanismo.
Otro mal que el país no ha podido superar es el clientelismo, con el que mandatarios locales consiguen votos a favor de los gobiernos nacionales, a cambio de favores políticos, burocracia, y recursos. Al evaluar en dónde se cometen los mayores detrimentos, el Externado encontró que en los tres últimos gobiernos nacionales el 48 por ciento se ha dado en el nivel central del Ejecutivo; el 13,9 %, en los departamentos, y el 38,2 %, en los municipios. El periodo que suma el 52,2 por ciento de los casos de detrimento en el Gobierno central es el de 2007-2010, en la presidencia de Álvaro Uribe.
Aunque la universidad asegura que la mejor estrategia contra la corrupción es la educación, para ver los cambios el país podría demorarse 100 años. Por eso invita a potenciar otras formas de lucha, como los mecanismos judiciales. Pero en estos casos, el informe pone de presente que la Fiscalía hoy tiene debilidades investigativas, principalmente en la policía judicial, que sigue siendo insuficiente para el alto volumen de delitos.
El informe asegura que se debe capacitar a los jueces para que sean verdaderos directores de las audiencias y no permitan dilaciones ni maniobras de los abogados, además, criticó la posibilidad que tienen los imputados de aceptar cargos y recibir rebajas de penas sin reintegrar el dinero apropiado.
El estudio asegura que más que insistir en medidas privativas de la libertad, la Fiscalía debe buscar mayor efectividad en la extinción del dominio de los bienes de los corruptos.
Los cuatro robos que frenan el desarrollo
Medioambiente
Las corporaciones autónomas ambientales (CAR), que son las autoridades ambientales regionales y manejan recursos superiores a los 2,9 billones de pesos, tienen líos para proteger el medioambiente, pues en esos sectores se encontró venta de permisos para la extracción de recursos naturales, negociación de licencias ambientales, sobornos para ocultar infracciones, entre otros. Uno de esos casos, por ejemplo, es el de Codechocó, que en el 2015 anuló una factura de 2.900 millones que debía cobrar luego de que una entidad no reforestó 174 hectáreas.
Salud
El informe plantea que tras los cambios a la Ley 100 del 93, los casos de corrupción en salud se han vuelto frecuentes y sistemáticos. Así, el observatorio del Externado estableció que entre el 2008 y el 2016 el 11 por ciento de los procesos de responsabilidad fiscal se abrieron por irregularidades de hechos están vinculados al desvío de recursos bajo la administración de hospitales y entidades prestadoras del servicio. Y a partir del 2009 se encontraron procesos que comprometen en una mayor medida a las EPS, como los que se dieron entre el 2010 y 2014 por el caso Saludcoop.
Acueductos
Pese a la riqueza hídrica del país, el 58 por ciento de la población colombiana consume agua con algún nivel de riesgo para su salud.
El estudio documenta que entre 1996 y 2003 el país invirtió 11,7 billones para abastecimiento y saneamiento de aguas, y si esos recursos se hubieran ejecutado bien, “se habrían alcanzado coberturas cercanas al 100 por ciento en acueducto y 95 por ciento en alcantarillado”. La investigación documenta, además, cómo las autoridades han sido permisivas con las pérdidas que tienen las empresas de acueducto, y que se les trasladan a las facturas de los usuarios.
Alimentación
Además del Programa de Alimentación Escolar, la Universidad Externado expuso los casos de corrupción asociados a la alimentación en cárceles. Así, por ejemplo, se documentan seis contratos del 2015 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y los particulares Estrada Navarro, Consorcio Servialimentar y Catalimentos, en donde se incumplieron normas para preparar los alimentos, malas condiciones de la cocinas y suciedad en las comidas.
En ese caso se encontró que se le adjudicó un contrato a una compañía que ya había sido sancionada.